El Gobierno prometió abonar buena parte de la deuda que mantiene con las empresas de colectivos en concepto de compensaciones por los mayores costos del servicio. También aceptó revisar las estructuras de costos bajo las cuales se calculan los montos a pagar.

A cambio de eso, las cámaras participantes aceptaron "normalizar las frecuencias del servicio en forma inmediata". Las mismas habían caído notoriamente a partir de marzo, cuando se produjo un brusco incremento en el precio del gasoil que llevó a muchas líneas a reducir la cantidad de unidades en circulación.

Ese fue el saldo de la reunión de una hora y media que mantuvieron este jueves las autoridades de la Secretaría de Transporte con las cámaras que agrupan a las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El encuentro fue encabezado por el nuevo secretario del área, Mariano Plencovich, quien asumió esta semana en reemplazo de Carlos Frugoni, desplazado de su puesto luego de que trascendieran propiedades a su nombre en Miami que no habían sido declaradas.

En un comunicado, la Secretaría de Transporte informó que "se implementarán herramientas orientadas a optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados, y la necesidad de modernizar aspectos administrativos, avanzando hacia esquemas más ágiles y transparentes".

Y añadió que en la reunión también "se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y robustecer el sistema". Además se convino en abrir una mesa técnica permanente y en celebrar dos nuevas reuniones en mayo para monitorear la situación.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en tanto, dijeron que "nos hemos comprometido a, gracias a la regularización de los pagos de subsidios registrada en el día de la fecha, a normalizar las frecuencias en forma inmediata. Todo esto mientras seguimos trabajando en conjunto con las autoridades, monitoreando los efectos derivados del citado conflicto, que afecta los precios del gasoil, minimizando su traslado al servicio, preservando así a los servicios y sus usuarios".

Actualmente el sistema de transporte en el AMBA está fragmentado en tres actores de decisión: el Gobierno nacional, que monitorea las líneas que cruzan de la Ciudad de Buenos Aires al conurbano y viceversa; el gobierno porteño, que supervisa las que tienen sólo recorrido en CABA, y el bonaerense, que hace lo mismo con las líneas que no ingresan a la Ciudad. 

Según estimaciones de las cámaras del sector, hasta el miércoles había atrasos en las compensaciones por unos $ 128.000 millones. La Provincia informó que este jueves abonaría $ 30.000 millones y la Nación prometió poner a la brevedad $ 56.000 millones a cuenta del total de la deuda.

Las empresas dicen que esos montos son insuficientes porque los costos del servicio están desfasados de los valores que manejan las autoridades. Según AAETA, cada viaje cuesta $ 2.083 y el Estado paga la diferencia entre el boleto que abona el pasajero y los $ 1.558 que reconoce como valor técnico.

En tanto, no se descarta que la Nación disponga un aumento tarifario de emergencia para que las empresas tengan más "cash" y no dependan tanto del aporte estatal. El valor del viaje es diferente en las líneas que dependen del Gobierno nacional ($ 700), Ciudad ($ 715) y Provincia ($ 871).

Estas dos últimas jurisdicciones, además, dispusieron aumentos del 5,4% desde el viernes 1 y el lunes 4 de mayo respectivamente. Eso serviría de cobertura para disponer un incremento mayor en las líneas bajo control de la Nación.

Desde la Secretaría de Transporte se negaron a comentar sobre el tema, pero fuentes que participaron de la reunión admitieron que "si van a actualizar la estructura de costo y no van a aumentar subsidios, no les va a quedar otra que aumentar la tarifa".