La Justicia decretó este miércoles la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada. La resolución, firmada por el magistrado Marcelo Gelcich, se dictó tras un pedido de la propia entidad, que reconoció la imposibilidad financiera de cancelar sus deudas.

La medida del Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, se fundamenta en la incapacidad de la firma para sostener el plan de pagos propuesto a sus más de 1.500 acreedores. 

Según el expediente, la cooperativa arrastra una deuda que asciende a 120 millones de dólares, situación que derivó en una "quiebra indirecta por frustración anticipada". 

SanCor había iniciado un proceso de concurso preventivo en febrero de 2025. En aquel momento, la administración de la cooperativa proyectó una recuperación para consolidarse. Sin embargo, el dictamen consignó el fracaso de dicho trámite al no lograrse la estabilización de los flujos de caja ni la reducción del déficit operativo. 

Durante el periodo concursal, la crisis financiera se agudizó. La documentación judicial revela que el pasivo postconcursal -la deuda generada después de la apertura del concurso- se incrementaba a un ritmo de $3.000 millones mensuales. 

Este crecimiento constante de las obligaciones impidió cualquier intento de saneamiento bajo el marco preventivo anterior. En el desglose de las cifras presentadas ante el juzgado, se detalla que la cooperativa acumuló deudas salariales por $12.788 millones entre mayo de 2025 y enero pasado. 

A esto se le suma un pasivo impositivo y previsional de $6.349 millones, junto con $3.380 millones en conceptos de aportes a obras sociales y entidades sindicales no liquidados. 

Las deudas comerciales de la firma también representan una carga significativa, alcanzando los $13.313 millones. El pasivo consolidado del concurso previo añade otros 86 millones de dólares a la cuenta general. 

Ante este panorama, el juez Gelcich consideró que la organización se encuentra en un estado de "insolvencia no susceptible de reversión" y que carece de viabilidad económica a mediano plazo. 

Pese al decreto de quiebra, la Justicia autorizó la continuidad transitoria de las operaciones. El magistrado argumentó que una interrupción total e inmediata de la actividad productiva "causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general". 

En esta fase de transición, la administración de los activos queda bajo la órbita de los síndicos designados. El fallo establece que los bienes de la cooperativa han sido incautados para su conservación, con el objetivo de ser liquidados en el corto plazo a través de un proceso de licitación pública. 

El juzgado anticipó que se convocará a inversores e interesados para la adquisición de las unidades productivas. Las plantas industriales de SanCor podrán ser vendidas de forma conjunta o individual, según resulte más beneficioso para la masa de acreedores y la continuidad de las fuentes laborales involucradas. 

Asimismo, la resolución estipula que los actuales administradores del Consejo de SanCor, encabezados por su presidente Oscar Sapino, tienen la obligación legal de colaborar con la sindicatura durante el proceso de inventario y comercialización de los activos.