Fuerte suba: la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó casi un 50% en un año
Llegó a $212.694 en abril según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET).
La canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró en abril un incremento interanual cercano al 49%. Así lo indicó el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.
Según el relevamiento, un hogar promedio sin subsidios debió destinar en abril $212.694 para cubrir electricidad, gas, agua y cloacas, además del transporte público, incluyendo colectivos, trenes y subtes.
En términos mensuales, el índice mostró una leve caída del 0,4% respecto de marzo, cuando había alcanzado los $213.557.
La reducción se explica principalmente por una caída del 22,5% en el consumo de energía eléctrica. Esto responde a factores estacionales, ya que en otoño disminuye el uso de equipos de climatización.
Sin embargo, este descenso fue parcialmente compensado por aumentos en otros servicios. El gas natural subió 16% por mayor consumo y ajustes tarifarios, mientras que el transporte registró un alza del 6,1%.
Al comparar abril de 2026 con el mismo mes del año anterior, el incremento fue del 49%. Esta suba supera en 16 puntos porcentuales la inflación estimada del período, que rondó el 33%.
Desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, la canasta acumuló un aumento del 667%. En ese mismo lapso, la inflación general fue cercana al 223%.
Menos poder adquisitivo
El transporte público continúa siendo el componente de mayor incidencia en el gasto. Actualmente representa cerca del 50% del total de la canasta.
En relación a los ingresos, estos servicios demandaron el 12,2% del salario promedio registrado en abril de 2026, estimado en $1.784.997. Con ese ingreso, se podían cubrir unas 8,4 canastas.
Un año atrás, ese mismo salario permitía adquirir aproximadamente 9,8 canastas. Esto evidencia una pérdida de poder adquisitivo frente al aumento de tarifas.
En promedio, los usuarios abonan cerca del 61% del costo real de los servicios. El 39% restante continúa siendo cubierto por el Estado a través de subsidios.
