La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó por mayoría el procesamiento de Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri en la causa que se inició por el robo de medicamentos de alta complejidad dentro del Hospital Italiano. 

Los investigadores llegaron a los nombres de los sospechosos tras la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 26 años. El profesional fue encontrado sin vida en su vivienda con signos de haber sufrido una sobredosis letal de sustancias que son de utilización exclusiva en salas de cirugía.

El hallazgo del cuerpo de Zalazar obligó a la intervención de las autoridades de la Policía de la Ciudad bajo las órdenes de la fiscalía de turno. 

En el departamento del joven médico secuestraron ampollas de distintas drogas y una bomba de infusión continua, el aparato que se usa para regular las dosis. 

Las pericias científicas posteriores determinaron que la víctima falleció por una combinación fatal de propofol y fentanilo, un poderoso opioide.

La trazabilidad de los números de lote impresos en los envases de los fármacos incautados en la escena fue la clave para orientar la causa.

Los investigadores confirmaron de forma rápida que esos mismos medicamentos habían salido de las farmacias internas del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Investigación

A partir de ese dato, los directivos de la clínica privada iniciaron una auditoría, radicaron la denuncia penal y desvincularon a los implicados.

La pesquisa posterior identificó a Boveri, anestesista de la institución, y a Lanusse como una médica residente de tercer año de la misma especialidad. 

Los dos quedaron señalados en la causa como los presuntos responsables de retirar los insumos sin autorización para luego distribuirlos de manera ilegal. 

La principal sospecha apunta a que los fármacos no eran comercializados en el mercado negro, sino que se utilizaban en fiestas privadas.

El caso sacó a la superficie un fenómeno inquietante que generó alarma y preocupación entre los médicos y residentes de distintos centros de salud. 

En los pasillos de los sanatorios comenzó a circular con fuerza el término "Propofest" (según se supo que eran denominadas las fiestas con propofol) para describir eventos clandestinos de recreación. 

En esos encuentros particulares, según testimonios incorporados al expediente, se inyectaban de forma endovenosa sustancias anestésicas a conocidos y allegados.

Defensa

La defensa de los profesionales procesados intentó apelar la resolución de primera instancia al argumentar la falta de pruebas directas sobre la sustracción de los lotes. 

Sin embargo, el voto mayoritario de los jueces de la Cámara del Crimen desestimó los planteos y consideró que existen elementos de sospecha suficientes. Los magistrados entendieron que la cadena de custodia de las ampollas apunta directo al accionar diario que tenían los acusados.

El expediente judicial continuará ahora con la recolección de las últimas declaraciones testimoniales y pericias tecnológicas sobre los teléfonos celulares secuestrados. 

La fiscalía busca determinar si existían otros eslabones en la cadena de distribución de los anestésicos dentro del circuito hospitalario.

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