El Gobierno oficializó una profunda transformación del sistema de transporte de gas en Argentina, que entrará en vigencia el 1° de mayo de 2026. La misma redefine las rutas de abastecimiento, modifica contratos y establece nuevos esquemas tarifarios en el marco de la emergencia energética.

La medida fue confirmada esta madrugada a través de la Resolución 409/2026 publicada en el Boletín Oficial. De este modo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) busca redefinir tarifas, contratos y crear nueva rutas desde mayo de 2026.

La decisión del Ejecutivo se basa en cambios estructurales en la matriz energética del país. En los últimos años, se registró una fuerte caída en la producción de gas del norte argentino y una reducción en las importaciones desde Bolivia, mientras que creció de forma sostenida la extracción en la formación Vaca Muerta, ubicada en la cuenca neuquina.

En ese sentido, señalaron que este nuevo escenario obligó a replantear el funcionamiento del sistema de transporte, originalmente diseñado para un flujo de gas distinto al actual.

Ante esto, la resolución establece una reorganización integral que incluye la creación y eliminación de rutas de transporte de gas, cambio en el sentido de circulación del recurso, reasignación de capacidades entre empresas y adaptación obligatoria de contratos vigentes. Asimismo, explicaron que uno de los puntos centrales es la priorización del suministro para la demanda residencial, considerada estratégica dentro del sistema.

 Tarifas de gas: aumentos escalonados y cuadros provisorios 

En esa línea, ENARGAS también dispuso nuevos cuadros tarifarios de carácter provisorio, que comenzarán a aplicarse desde mayo. Estos valores serán ajustados de manera gradual mediante un esquema de hasta 31 incrementos mensuales consecutivos.

Según el organismo, con la implementación de este mecanismo se busca evitar un impacto brusco en los usuarios, aunque no se descartan subas sostenidas en el mediano plazo.

La medida afecta a transportistas, distribuidoras y grandes usuarios industriales, que deberán adaptarse a las nuevas condiciones del sistema. 

Entre las principales preocupaciones del sector privado se destacan:

• Cambios en contratos previamente firmados
• Posibles pérdidas de ingresos
• Incertidumbre sobre tarifas futuras

No obstante, el Gobierno sostiene que la reconfiguración no alterará los ingresos reconocidos en la Revisión Quinquenal Tarifaria.

Por su parte, desde el Ejecutivo argumentaron que la transformación se enmarca en la emergencia energética vigente hasta 2027, lo que habilita la implementación de medidas excepcionales.

Ante esto, el ENARGAS remarcó que no existen derechos adquiridos sobre regulaciones tarifarias o contractuales, y que el Estado puede introducir modificaciones cuando lo requiera el interés público.

Por último, con la entrada en vigencia del nuevo esquema, se espera un proceso de adaptación del sector energético, ajustes progresivos en las tarifas y mayor centralidad del Estado en la regulación.