El vocal opositor de San Lorenzo, Marcelo Culotta, realizó una declaración voluntaria ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación del mediocampista Matías Reali.

Culotta, según relató en su cuenta de X, tomó esta decisión luego de agotar instancias institucionales internas sin obtener respuestas. A través de sus redes sociales, compartió documentación con la que respalda su fuerte denuncia y aprovechó para expresar su descontento con la gestión actual: “Mientras sostienen públicamente que necesitan apoyo y la unidad de todos, cuando se apagan los micrófonos actúan como los dueños del club”, disparó. 

La denuncia apunta directamente al presidente Marcelo Moretti (presidente), a Pablo García Lago (exsecretario), Leandro Goroyesky (tesorero) y a los oficiales de cumplimiento ante la UIF, Carina Farías y Alejandro Tamer, quienes tendrían la responsabilidad de garantizar la transparencia en las operaciones del club.

El pase de Reali, proveniente de Independiente Rivadavia y valuado en casi 2 millones de dólares, trajo una polémica enorme e incluso hasta tuvo serias denuncias de parte del empresario Daniel Vila, el presidente del club mendocino. 

Es que, según se denunció en su momento, Moretti habría emitido un comprobante trucho para demostrarle a la institución cuyana que ya le había transferido el dinero y algunas otras cuestiones que dejaron muy mal parado al titular Santo. 

El pase de Reali se habría realizado con un contrato con el fondo de inversión estadounidense “IRQ Services LLC” por 1,5 millones de dólares, incluido en el balance 2023-2024 de la institución Azulgrana. En tanto, para respaldar su denuncia, Culotta adjuntó extractos de entrevistas en las que Vila había revelado detalles sobre la forma de pago de la transferencia y el comprobante bancario sospechoso. Además, incluyó cartas documento enviadas a San Lorenzo, en las que solicitaba información oficial sobre la contratación del futbolista.

En su publicación, el dirigente opositor remarcó: "San Lorenzo, como sujeto obligado por la legislación, tiene la responsabilidad ineludible de realizar un reporte sobre una operación sospechosa a la UIF", y calificó la situación como un posible caso de lavado de dinero.