Los reiterados cortes de energía eléctrica en Quilmes dejaron de ser un hecho aislado para convertirse en una problemática estructural que afecta a miles de vecinos, comercios y pymes del distrito. Así lo denunciaron en un duro comunicado la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), espacio de formación de dirigentes de La Libertad Avanza, junto al Consejo Consultivo Provincial del partido, que responsabilizaron de manera directa a Edesur S.A. por el deterioro del servicio y reclamaron sanciones inmediatas.

Según el documento, la falta de suministro eléctrico es consecuencia de una “degradación sistemática, persistente y estructural” del servicio de distribución que la empresa presta en Quilmes, sostenida durante años por un esquema de subsidios sin controles efectivos ni objetivos cumplidos. Mientras tanto, advierten, los vecinos padecen cortes prolongados, barrios enteros quedan a oscuras y comerciantes pierden mercadería, aun cuando las facturas se abonan en tiempo y forma.

“El problema no es climático ni una fatalidad social: es un contrato incumplido”, sostienen desde el espacio. En ese sentido, remarcan que Edesur no es una ONG ni una víctima del contexto, sino una empresa concesionaria que explota un monopolio natural otorgado por el Estado, cobrando una tarifa a cambio de garantizar continuidad y calidad del servicio, algo que —afirman— hoy no sucede.

Desde una mirada liberal, el comunicado subraya que no existe capitalismo posible cuando una empresa cobra sin cumplir. “Eso no es mercado: es privilegio”, señalan, y agregan que la falta de inversiones no es un problema social sino una decisión empresarial, con consecuencias económicas, productivas y humanas para la comunidad.

El pronunciamiento también apunta al rol del Estado. Por un lado, reclaman al ENRE que aplique con “rigor automático” el régimen de sanciones previsto en el contrato de concesión, con multas que impacten en el balance de la empresa y la obliguen a corregir su conducta. 

A su vez, exigen al Municipio de Quilmes que deje de “esconderse detrás de comunicados vacíos” y asuma una defensa activa de los vecinos, acompañando reclamos, impulsando acciones administrativas y judiciales, y exigiendo un plan de inversiones serio, auditable y verificable.

“El Estado municipal no está para administrar excusas, sino para defender a sus vecinos”, subraya el texto, al tiempo que plantea que exigir el normal funcionamiento del servicio eléctrico no es estatismo, sino el cumplimiento de la función mínima del Estado en una sociedad libre.

El comunicado concluye con un mensaje contundente: no hay futuro con monopolios que cobran como capitalistas y funcionan como feudos. La palabra empeñada debe cumplirse y, de no hacerlo, debe sancionarse. Y si la incapacidad persiste, advierten, corresponde revisar la concesión. “Cumplir no es una opción: es la base del orden liberal. Y eso empieza, también, por prender la luz”.