Un total de 31 allanamientos fueron realizados en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por tenencia y distribución de material de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

La causa se inició a partir de una alerta del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), canalizada por Google Inc., que detectó material ilícito alojado en la plataforma Google Drive, vinculado a una cuenta de correo electrónico específica. A partir del análisis de los registros de conexión IP, los investigadores lograron ubicar un domicilio en una localidad de Quilmes, donde residía un joven de 19 años.

En ese lugar se llevó a cabo un allanamiento en el que se procedió al secuestro de un dispositivo telefónico, el cual fue sometido a peritaje informático. Como resultado de esa pericia, se constató la existencia de 122 archivos multimedia con contenido ilícito y la participación del imputado en un grupo de WhatsApp integrado por más de 700 personas, donde se solicitaba y compartía material de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

A partir de estos elementos probatorios, la Justicia dispuso la realización de nuevos allanamientos, que fueron ejecutados durante la madrugada del 27 de enero. En los procedimientos, los imputados fueron notificados de la formación de la causa y se ordenó la pericia de todos los dispositivos electrónicos secuestrados.

Los operativos se desarrollaron en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellas Mar del Tuyú, Quilmes, La Plata, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Escobar, Merlo, Moreno, José C. Paz, Tres de Febrero, Vicente López, Bahía Blanca, y en barrios porteños como Barracas, Flores, Caballito, Pompeya, Villa Lugano y Villa Soldati, entre otros puntos del país.

Las medidas se dispusieron en el marco de una causa por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, tipificado en el artículo 128, segundo párrafo, del Código Penal.

Los procedimientos fueron dirigidos por Ichazo y supervisados por los secretarios Laura Noemí Bustos y Ángel Gabriel López, tras una investigación llevada adelante por la División de Investigación en Ciberdelitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.