La justicia de Quilmes condenó a 20 años de prisión a un pederasta que sometió sexualmente a un niño con discapacidad junto a la progenitora de éste, por medio de filmaciones, en un caso que conmocionó a la comunidad. Anteriormente, la mujer, quien llevó adelante los abusos, había sido condenada, en un juicio abreviado, a 11 años de prisión.

Todo comenzó la madrugada del 27 de julio de 2019, cuando la Policía local allanó una vivienda de la calle Almafuerte, en Bernal, y detuvo a Alejandra Britos, de profesión maestra jardinera, por abusar sexualmente de su propio hijo, un niño de 7 años de edad con discapacidad, filmar esos vejámenes y, finalmente, distribuirlos.

Mientras que Britos acordó con la fiscalía un juicio abreviado en el que aceptó su responsabilidad y recibió la pena de 11 años de prisión, quedaba en suspenso el proceso contra el otro imputado, Damián Llanes, considerado «partícipe necesario». El sujeto llegó al juicio acusado de 74 hechos de abuso sexual, ya que era él quien recibía, en la provincia de Neuquén, las filmaciones producidas por Britos para luego comercializarlas en Internet.

Por su parte, para los jueces Fernando Celesia, Cecilia Maffei y Elbio Ramos (subrogante), quienes siguieron con atención los relatos de los convocados por la fiscal María de los Angeles Attarian Mena, se dio por probada la culpabilidad del acusado en los hechos.

Es que el material fílmico y los dispositivos fueron elementos de prueba contundente, permitiendo acreditar los abusos a los que el niño era sometido por su propia madre. De hecho, la exposición del material audiovisual, por demás explicito, tuvo que ser detenida en varias oportunidades durante el juicio ante la conmoción que provocaba en los presentes (incluidos los propios magistrados).

Una de las pericias que fueron clave para determinar la culpabilidad de Llanes fue la de los expertos informáticos, quienes brindaron precisiones referidas a los sistemas de telefonía que forman parte de los cuerpos del expediente. En ese sentido, se probó cómo Llanes recibía en sus dispositivos electrónicos el material de abuso sexual y los distribuía con fines comerciales, indicaron las fuentes ligadas a la causa.