El Gobierno nacional oficializó el veto a tres leyes clave que habían sido aprobadas por el Congreso: la que garantizaba un aumento en los haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida, firmada por el presidente Javier Milei durante una transmisión en vivo por streaming, generó una ola de críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

Ana Valverde, dirigente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), expresó su rechazo al veto durante una entrevista en Radio FMQ. “Milei no es el dueño de la caja, ese dinero no es del Tesoro Nacional y nos lo deben”, afirmó con contundencia. Desde UTJEL calificaron la decisión como un acto de desprecio hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también se pronunció a través de sus redes sociales. “Nada sorprendente en un gobierno cruel e insensible como el que nos toca vivir”, escribió esta mañana en su cuenta de X (ex Twitter). Mendoza calificó como un “cachivache” el gesto del mandatario de firmar el veto en un contexto informal, mientras realizaba una transmisión en vivo, lo que consideró una falta de respeto institucional.

Las leyes vetadas habían sido impulsadas como herramientas de contención ante la creciente crisis social y económica. La moratoria previsional permitía acceder a una jubilación a quienes no habían podido completar los años de aportes requeridos, en su mayoría mujeres mayores. La ley de emergencia en discapacidad buscaba garantizar prestaciones y asistencia en un sector que también sufre recortes desde el inicio de la actual gestión.

El Ejecutivo justificó el veto en la necesidad de “mantener el equilibrio fiscal” y evitar un “aumento del gasto público sin financiamiento”. Sin embargo, la decisión alimenta el creciente malestar de organizaciones sociales, sindicatos y referentes políticos opositores, que advierten sobre el deterioro del tejido social bajo las políticas de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza.