Siguen las conversaciones para evitar un paro inminente de transporte

Si bien el Gobierno logró frenar la medida con la conciliación obligatoria, aún continúan las negociaciones para evitarlo.

El Gobierno Nacional logró frenar las medidas de fuerza anunciadas por los choferes de colectivos y los maquinistas de trenes, al dictar la conciliación obligatoria y convocar a ambas partes a una audiencia clave este jueves.

Los reclamos y la intervención del Gobierno

El conflicto se originó por el estancamiento en las negociaciones salariales entre los trabajadores del transporte y las empresas. La semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos, anunció un paro de transporte por reclamos impulsados por la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP).

En simultáneo, el gremio La Fraternidad, que representa a los maquinistas de trenes, también había declarado una huelga debido a las dificultades para avanzar en un acuerdo salarial con las empresas ferroviarias.

Ante la posibilidad de paralizar el transporte público, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una medida que busca garantizar el funcionamiento de los servicios mientras se desarrolla una negociación.

Audiencia clave para destrabar el conflicto

La Secretaría de Trabajo citó para hoy a representantes de las empresas y a los sindicatos involucrados para avanzar en una negociación salarial que permita evitar las medidas de fuerza de manera definitiva.

Durante la tregua de 15 días, se espera que las partes logren acercar posiciones y acuerden aumentos salariales que atiendan las demandas de los trabajadores sin generar nuevos conflictos.

Impacto y advertencias

Ambos gremios advirtieron que, en caso de no alcanzar un acuerdo antes del vencimiento de la conciliación, retomarán las medidas de fuerza. Esto afectaría no solo a los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también a las provincias donde operan líneas de transporte urbano e interurbano.

El Gobierno apuesta a que las audiencias permitan destrabar el conflicto y evitar nuevas interrupciones en un servicio esencial para millones de usuarios.

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